El reparto de dinero público a empresas y asociaciones culturales que simpatizan con las tesis del catalanismo no ha parado de crecer. Todas están regladas y aparecen en las resoluciones del DOGV y aunque desgranar una por una se vuelve una tarea minuciosa, en el PP han logrado contabilizar hasta dos millones de euros en los últimos tres años de legislatura. En esta cifra se incluyen también las concedidas por otros organismos públicos como la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia.

En lo alto de la clasificación, una gran beneficiada. Acció Cultural del País Valencià y sus editoriales que, si se añaden las subvenciones aportadas por la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia habría alcanzado los 700.000 euros.

Cantidades nada desdeñable para una organización que también recibió durante el año pasado una línea de 654.000 euros por parte de la Generalitat catalana para hacer frente al préstamo hipotecario derivado del edificio «El siglo», sede de Centre Octubre Cultura Contemporánea.

ACPV se define como una asociación de «promoción de la lengua y la cultura propia del País Valencià», pero la pasada semana dio un paso más cuando publicitó su reunión con el presidente catalán Quim Torra para coordinar las acciones conjuntas ante el inminente inicio del juicio a los políticos catalanes encarcelados.

Para PP y Cs fue la gota que colmó el vaso. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, pidió que no conceda ni «un céntimo de euro» de los valencianos a este tipo de legislatura. «Parece una acción propagandística que tiene como misión influir en los jueces».

La reclamación ha caído en saco roto. Lejos de conseguir una rectificación, encontraron el aval de la vicepresidenta, Mónica Oltra, quien negó que se diese dinero a entidades catalanistas, sino que explicó que se conceden subvenciones por «hacer algo».

Las entidades beneficiarias van desde medios de comunicación con sede en Cataluña a los que se les incluye en la línea de promoción del valenciano de la Conselleria de Educación, tales como Serveis de Comunicació Global Aquitània o Global Aquitània, ubicadas en Cataluña, y a las que se les concedió anualmente más de 23.000 euros durante 2016 y 2017, hasta plataformas como la de Defensa de la Llengua que logró 48.125 euros. Su objetivo, promocionar la lengua común dels «països catalans».

Especial atención recibe el Institut Ramon Llull, una entidad de derecho público cuyo consorcio preside la Generalitat de Cataluña, la de Baleares y el Ayuntamiento de Barcelona y que en los Presupuestos para 2019 el Gobierno del Botànic ha previsto subvencionar con 175.000 euros.