jueves, 28 de marzo de 2024 17:47h.

DISCRIMINACIÓN AL CASTELLANO

Marzá aplica un misterioso proyecto "lingüístico experimental" a niños de 205 colegios valencianos

Vicent Marzá

Los partidos de Les Corts aprobaron ayer por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Ciudadanos para instar a la Conselleria de Educación a publicar en su web la información completa de los 205 colegios que aplican un proyecto lingüístico experimental, que en todos los casos consiste en no dar ni una hora de castellano en Infantil (de tres a cinco años), según la información recopilada por el partido.

Tal y como afirman en Las Provincias, la resolución, que invoca al cumplimiento de la normativa en materia de transparencia, implicará actualizar la Guía de Centros, la herramienta que permite acceder a datos sobre cualquier escuela, entre ellos, el peso de cada una de las lenguas oficiales y del inglés hasta Primaria. Actualmente, en los doscientos centros citados, en Infantil, sólo figura un asterisco que remite a que aplican un programa experimental sin más concreción. En el resto se puede ver el porcentaje en cada lengua, que es lo que tendrá que recogerse en los experimentales tras el mandato de Les Corts.

No será la única medida contra la falta de transparencia de la conselleria que se concreta esta semana. La Mesa por la Educación en Libertad, entidad que engloba a las patronales de colegios concertados y a la federación de Apas mayoritaria en la provincia de Valencia (Fcapa), va a presentar ante el Síndic de Greuges dos quejas por la falta de respuesta a la petición de información sobre los resultados de la última admisión de alumnos. La solicitud se registró ante Educación y Transparencia a finales de junio, y desde la organización señalan que no han recibido ni siquiera el acuse de recibo.

La web de la conselleria solo informa de que se aplica un proyecto lingüístico experimental

En cuanto al debate en Les Corts, los partidos del Botánico aceptaron la propuesta para mejorar la información que se ofrece, si bien las intervenciones incluyeron críticas a Ciudadanos por querer fomentar un conflicto lingüístico que a su juicio no existe en la Comunitat o por acusar de «oscurantismo y ocultismo» a la conselleria, aspectos que rechazaron tanto el PSPV como Compromís y que sí apoyó el PP. Desde Podemos defendieron los programas de inmersión ante el déficit de uso del valenciano pese a su especial protección en el Estatuto, y criticaron el procedimiento elegido por la administración para que la firmante de la PNL, Mercedes Ventura, pudiera acceder a los datos solicitados.

Ventura explicó que tras varias peticiones para que se le facilitara la documentación, que no dieron fruto, se le autorizó a consultar los proyectos lingüísticos en la propia conselleria, con el argumento de que incluían información confidencial (de profesionales de los centros). La diputada naranja planteó que se le trasladaran los datos eliminando cualquier referencia identificativa, pero sólo se le autorizó a la consulta presencial en un ordenador a la que no pudo acceder ni siquiera la asesora que le acompañaba.

La concertada cuestiona la información de Educación de que los centros más demandados son públicos

En la revisión de la documentación detectó que los 205 centros aplicaban un programa de inmersión en valenciano, los que en la práctica retrasan la exposición al castellano hasta 1º de Primaria. También recordó que la propia Ley de Plurilingüismo, en su artículo 8, permite los programas experimentales siempre que sean innovadores y cumplan los objetivos de la ley, que son el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales y el funcional de un idioma extranjero.

«Este artículo guardaba el experimento de la inmersión lingüística soñada por Compromís y apoyada por sus socios. Si dan un 90% en valenciano y un 10% en inglés, ¿dónde está la innovación? Este es su compromiso por innovar, lo mismo que hace la conselleria de Catalunya», dijo la diputada, que incluso habló de la «erradicación» del castellano en la enseñanza. También insistió en que apoyan el fomento del valenciano sin «imposiciones».

En cuanto a la petición de la mesa, los escritos sin respuesta se apoyan en los artículos de la Ley de Transparencia que obligan a dar información de carácter público y a facilitar su acceso. Se pedían datos de los centros en cuanto al número de plazas ofertadas, solicitudes de admisión recibidas, puestos adjudicados, peticiones no atendidas y el porcentaje de admitidos en las sucesivas opciones, con todas las salvaguardas en cuanto a la protección de datos.

La solicitud se debe a la información que dio la conselleria tras la admisión en la que se decía que 19 de los veinte colegios más demandados eran públicos. La mesa desconfía de la conclusión, pues tradicionalmente la opción preferida ha sido la concertada. Algo que, como publicó LAS PROVINCIAS, queda patente en Valencia ciudad. En realidad todo se debe a la metodología aplicada, pues para establecer el orden se cruza el número de solicitudes recibidas con las plazas ofertadas, y en base a la ratio resultante se hace la clasificación. Es decir, no son los colegios con más peticiones de admisión, sino los que presentan una mayor competencia para entrar. Con el PP el criterio de ordenación era el número bruto de solicitudes.