Ocurrió el pasado 25 de febrero. Un interno reincidente en mala conducta agarró del brazo a un funcionario de la prisión de Picassentnegándose a entrar en el comedor y comenzó a arengar al resto de presos para provocar una protesta colectiva que, por suerte, no fue secundada. Poco más de dos meses después, el 15 de mayo, otro recluso, alterado ante su resistencia a tomar la medicación psiquiátrica prescrita, agredió a los vigilantes que trataban de reducirlo. El resultado de la trifulca fueron tres empleados de la cárcel lesionados, uno de ellos con un cabezazo en el lóbulo izquierdo y un agarrón en los testículos.

"Picassent es uno de los centros más conflictivos del sistema penitenciario español", denuncian los funcionarios de prisiones

Son dos ejemplos de los sucesos más graves que se han registrado en el primer semestre de este 2018 en “uno de los centros penitenciarios más conflictivos del sistema penitenciario español”, según recoge un informe publicado por Victor Romero en El Confidencial sobre incidentes relevantes correspondiente al periodo de enero a junio difundido recientemente por Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penintenciarias (Acaip), uno de los sindicatos de funcionarios de prisiones más representativos del centro valenciano.

Esta relación de sucesos recoge 808 incidencias graves o muy graves, entre ellas nueve agresiones o intentos de agresión a funcionarios, 72 agresiones entre los propios internos, 230 casos de resistencia pasiva a las normas penitenciarias o 48 autolesiones, además de 64 casos de deterioro grave de mobiliario o dependencias del centro.

La prisión, según el sindicato, sufre males endémicos como una población de presos y presas “muy peligrosos” para los que “no reúne las condiciones necesarias de seguridad”. Acaip añade un déficit en materia de personal, debido al “maltrato” de Instituciones Penitenciarias “que lo considera un centro normal a la hora de dotación de personal, algo que no es cierto debido a su tamaño y estructura arquitectónica”. El recinto ha perdido el 15% de su plantilla en los últimos cuatro años y necesitaría cien trabajadores para cumplir con el mínimo que debería haber, según la Relación de Puestos de Trabajo, insisten los trabajadores.

La cárcel, con alrededor de 1.500 celdas y una población de 2.050 reclusos, lejos de la ratio de preso por celda que marca la legislación como objetivo, es el lugar en el que duermen algunos reos ‘ilustres’, como el 'exconseller' valenciano del Partido Popular, Rafael Blasco, que cumple ocho años por malversar fondos públicos de ayuda al desarrollo. También tiene ‘chabolo’ en Picassent el exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, recluido provisionalmente por orden judicial tras su arresto en la operación Erial. La Audiencia Provincial ha rechazado de forma reiterada todos los intentos de su defensa de sacarlo de la celda por razones de salud. Sus abogados insisten en el riesgo de poder contraer alguna infección por la inmunodepresión que sufre como consecuencia de su tratamiento contra la leucemia.

La cárcel tiene ocho médicos asignados, pero cinco están de baja. Ahora están en servicio tres facultativos y un becario

Zaplana pasa sus días en Picassent en el módulo de enfermería, que dispone de varias celdas para facilitar la atención y la vigilancia sanitaria a los presos con problemas de salud. Sobre el papel, está lo suficientemente cerca del personal sanitario como para que se activen todos los protocolos médicos en caso de necesidad, un factor que ha pesado en la decisión judicial de mantenerlo tras las rejas como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción aludiendo a una posible destrucción de pruebas. La instructora de la causa de Zaplana ha negado la puesta en libertad haciendo referencia a que la defensa del que fue portavoz del Gobierno de José María Aznar planea un escenario carcelario “falso”, “como si estuviéramos hablando de una cárcel del medievo, con los presos hacinados, sin controles sanitarios”, recogía un auto difundido por Europa Press el pasado 25 de julio.

Sin embargo, si Zaplana está recibiendo una vigilancia especial en materia médica es probable que esto contribuya a mermar la capacidad del centro de dar cobertura de salud a toda su población reclusa restante. Picassent apenas tiene asignados ocho médicos de los 23 que, según Acaip, debería tener por su volumen de reclusos. Y, de estos, cinco están de baja por enfermedad, según admiten fuentes de Instituciones Penitenciarias, con lo que ahora solo prestan servicio en la prisión tres facultativos y un becario para todos los turnos.

Ocurrió el pasado 25 de febrero. Un interno reincidente en mala conducta agarró del brazo a un funcionario de la prisión de Picassentnegándose a entrar en el comedor y comenzó a arengar al resto de presos para provocar una protesta colectiva que, por suerte, no fue secundada. Poco más de dos meses después, el 15 de mayo, otro recluso, alterado ante su resistencia a tomar la medicación psiquiátrica prescrita, agredió a los vigilantes que trataban de reducirlo. El resultado de la trifulca fueron tres empleados de la cárcel lesionados, uno de ellos con un cabezazo en el lóbulo izquierdo y un agarrón en los testículos.

Son dos ejemplos de los sucesos más graves que se han registrado en el primer semestre de este 2018 en “uno de los centros penitenciariosmás conflictivos del sistema penitenciario español”, según recoge un informe sobre incidentes relevantes correspondiente al periodo de enero a junio difundido recientemente por Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penintenciarias (Acaip), uno de los sindicatos de funcionarios de prisiones más representativos del centro valenciano.

"Picassent es uno de los centros más conflictivos del sistema penitenciario español", denuncian los funcionarios de prisiones

Esta relación de sucesos recoge 808 incidencias graves o muy graves, entre ellas nueve agresiones o intentos de agresión a funcionarios, 72 agresiones entre los propios internos, 230 casos de resistencia pasiva a las normas penitenciarias o 48 autolesiones, además de 64 casos de deterioro grave de mobiliario o dependencias del centro.

La prisión, según el sindicato, sufre males endémicos como una población de presos y presas “muy peligrosos” para los que “no reúne las condiciones necesarias de seguridad”. Acaip añade un déficit en materia de personal, debido al “maltrato” de Instituciones Penitenciarias “que lo considera un centro normal a la hora de dotación de personal, algo que no es cierto debido a su tamaño y estructura arquitectónica”. El recinto ha perdido el 15% de su plantilla en los últimos cuatro años y necesitaría cien trabajadores para cumplir con el mínimo que debería haber, según la Relación de Puestos de Trabajo, insisten los trabajadores.

La cárcel, con alrededor de 1.500 celdas y una población de 2.050 reclusos, lejos de la ratio de preso por celda que marca la legislación como objetivo, es el lugar en el que duermen algunos reos ‘ilustres’, como el 'exconseller' valenciano del Partido Popular, Rafael Blasco, que cumple ocho años por malversar fondos públicos de ayuda al desarrollo. También tiene ‘chabolo’ en Picassent el exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, recluido provisionalmente por orden judicial tras su arresto en la operación Erial. La Audiencia Provincial ha rechazado de forma reiterada todos los intentos de su defensa de sacarlo de la celda por razones de salud. Sus abogados insisten en el riesgo de poder contraer alguna infección por la inmunodepresión que sufre como consecuencia de su tratamiento contra la leucemia.

La cárcel tiene ocho médicos asignados, pero cinco están de baja. Ahora están en servicio tres facultativos y un becario

Zaplana pasa sus días en Picassent en el módulo de enfermería, que dispone de varias celdas para facilitar la atención y la vigilancia sanitaria a los presos con problemas de salud. Sobre el papel, está lo suficientemente cerca del personal sanitario como para que se activen todos los protocolos médicos en caso de necesidad, un factor que ha pesado en la decisión judicial de mantenerlo tras las rejas como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción aludiendo a una posible destrucción de pruebas. La instructora de la causa de Zaplana ha negado la puesta en libertad haciendo referencia a que la defensa del que fue portavoz del Gobierno de José María Aznar planea un escenario carcelario “falso”, “como si estuviéramos hablando de una cárcel del medievo, con los presos hacinados, sin controles sanitarios”, recogía un auto difundido por Europa Press el pasado 25 de julio.

Sin embargo, si Zaplana está recibiendo una vigilancia especial en materia médica es probable que esto contribuya a mermar la capacidad del centro de dar cobertura de salud a toda su población reclusa restante. Picassent apenas tiene asignados ocho médicos de los 23 que, según Acaip, debería tener por su volumen de reclusos. Y, de estos, cinco están de baja por enfermedad, según admiten fuentes de Instituciones Penitenciarias, con lo que ahora solo prestan servicio en la prisión tres facultativos y un becario para todos los turnos.

“Tendría que haber más. El problema existe y estamos tratando de darle soluciones, pero es un problema que afecta a todas las administraciones”, señalan a El Confidencial desde la Secretaría General que ahora ocupa Ángel Luis Ortiz González. Prisiones lanzó el pasado 31 de julio una nueva convocatoria de 35 plazas de médicos y 45 enfermeras, pero no es del todo optimista sobre el éxito de las contrataciones. “En 2017 se convocaron 17 plazas y solo tomaron posesión doce”, abundan las mismas fuentes aludiendo al déficit endémico de médicos.

Prisiones relativiza el número de incidentes recogidos por Acaip. Afirma que sus archivos solamente recogen cuatro agresiones a funcionariosen el primer semestre en Picassent que han sido merecedoras de sanción, en línea con el resto del planta carcelaria en relación al volumen de presos que alberga. “Este año, en todas las prisiones de España se han registrado 150 agresiones, para un total de 69 centros penitenciarios”, admiten las mismas fuentes.

"La Administración penitenciaria solo considera que hay agresión a un trabajador si hay un daño", denuncian los funcionarios

“La Administración penitenciaria solo considera que hay agresión a un trabajador si hay un daño. Así, por ejemplo, en el caso de que un interno le ponga un cuchillo en el cuello a un trabajador, sólo sería reflejado como agresión si le clava el cuchillo. Algo que es totalmente inconcebible”, denuncian desde el sindicato.

Convocatoria de más de 800 plazas

Sobre las carencias de personal, Instituciones Penintenciarias señala que en España hay unos 25.000 funcionarios para una población reclusa de 51.000 presos y que Picassent “está en la misma ratio”. No obstante, Acaip insiste en que en períodos vacacionales, como el actual, puede darse la circunstancia de que un preso vigile a 120 internos en solitario.

Prisiones asegura que está trabajando para ampliar las plantillas del conjunto de cárceles españolas. El año que viene convocará 831 plazasque se sumarán a las 700 que se seleccionaron el año pasado. “Hay 2.000 plazas por cubrir, y el año que viene tendremos 831. Se trata de plazas nuevas”, insisten.