La auditoría de cuentas de 2017 confirma que se aplicó la subida salarial sin haber recibido la autorización de la Dirección General de Presupuestos

El ex subsecretario y trabajador del centro Ricardo Campos estaba al tanto de estos movimientos

La Fiscalía investiga al Hospital General por pagar sobresueldos a empleados

A la investigación que ha abierto la Fiscalía por las decisiones arbitrarias para repartir sobresueldos por parte del gerente del Hospital General de Valencia, Enrique Ortega, y su equipo directivo, se añade ahora otro frente que pone en entredicho la última subida del salario de todos los trabajadores del consorcio hospitalario.

Por un lado, el ministerio fiscal investiga el reparto de fondos de forma discrecional a trabajadores cercanos a la dirección del centro sin ningún tipo de autorización por parte de la Conselleria de Sanidad ni de la Diputación de Valencia. Y, ahora, se abren nuevas pesquisas dentro del proceso de aprobación del convenio colectivo del hospital porque se ha comprobado que Ortega aumentó la masa salarial toda la plantilla sin esperar al permiso de la Dirección General de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda, sin cuya autorización la equiparación de sueldos se convierte en ilegal.

Esta irregularidad ya fue detectada por auditores de la Generalitat en el Informe de Auditoría de Cumplimiento Ejercicio 2017 del Hospital General que se publicó el pasado mes de junio.

En el citado informe, se detalla que se tomó la decisión de «homologar los puestos de trabajo de los trabajadores del Consorcio con los de Sanidad» con «equiparación económica» por parte del gerente «en una sesión del Consejo de Gobierno del General celebrada el día 22 de diciembre de 2017».

Sin embargo, tal y como afirma Vicente Useros en El País, este acuerdo que ha permitido subir sueldos a los más de 2.000 trabajadores carece de validez porque no recibió la autorización de Presupuestos (Hacienda).

La decisión de la dirección del hospital para aumentar la partida presupuestaria no fue autorizada por parte de la Dirección General de Presupuestos, pero sí que contó con la connivencia de la Conselleria de Sanidad durante la etapa que era gestionada por Carmen Montón y por su ex subsecretario Ricardo Campos quien, curiosamente, es empleado del hospital de la Avenida Tres Cruces y se ha beneficiado de la equiparación de los sueldos.

En un análisis cronológico de los hechos y que afecta actualmente al convenio colectivo de los empleados del General, porque la citada falta de autorización impide su firma, se detecta que entre la gerencia y los miembros del equipo de Montón cocinaron la subida salarial sin autorizaciones.

El 8 de noviembre de 2017 en Conselleria de Sanidad se firmó la resolución para aumentar los sueldos, según el informe del auditor, donde se aprecia también que el 15 de noviembre se dice que se solicitó la autorización a Hacienda -aunque no hay constancia y cuya autorización nunca llegó-. El 22 de diciembre del mismo año se llevo la resolución para ser aprobada en consejo de gobierno del hospital que presidía Carmen Montón. Un proceso muy sumario porque se apresuró para empezar a pagar en enero de 2018. De nuevo, a pesar de la velocidad de los trámites, el problema que convirtió en ilegal el proceso es que no obtuvieron autorización de Presupuestos, una realidad que la auditoría comprueba y alerta en junio de 2018.

Por otra parte, la Fiscalía intenta dilucidar si, como se describe con todo tipo de detalles en la denuncia del sindicato CSIF y que adelantó ayer EL MUNDO, hubieron «pagos injustificados a determinados funcionarios». Una irregularidad que podría constituir un delito de prevaricación contemplado en el artículo 404 del Código Penal, así como un delito de malversación establecido en el artículo 432 del mismo texto legal».