Tiran a la cabeza todos los días los casos de corrupción del contrario. Pero, dependiendo de los cargos que ocupen y de lo válidos que puedan ser para ganar determinadas instituciones, aplican distintas varas de medir. Esa podría ser la máxima que define a ciertos partidos políticos de la Comunitat, como el PSPV o Compromís, a la hora de confeccionar los cabezas de lista a las próximas elecciones municipales. 

Hasta cinco candidatos de estas formaciones en la provincia de Valencia se presentarán como cabeza de lista a revalidar la alcaldía en municipios valencianos como Paterna, Ontinyent, La Font de la Figuera, Llíria o Riba-roja del Túria. Todos ellos están implicados en causas judiciales, en las que se puede suponer algún tipo de trato de favor o tráfico de influencias en el ejercicio público del poder.

Cierto es que, legalmente, no tienen limitado ninguno de sus derechos, ni en este caso el de sufragio pasivo, es decir, el de ser elegibles. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General, de hecho, señala en su artículo 6.2.B que son inelegibles "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal". 

Sin embargo, la ética y la estética parece que pasan ahora a un segundo plano.  En el caso del municipio de Paterna, Juan Antonio Sagredo,  se presenta como candidato después de que el juzgado que instruye la causa de las contrataciones de Halloween la haya declarado "compleja". Sagredo ha desafiado a Blanquerías y Ferraz, y Ximo Puig tiene tan poco banquillo en Paterna que su desesperación ha llevado que un investigado por el juzgado, por la Fiscalía y por la Agencia Antifraude lidere, de nuevo, la lista del PSOE en este municipio de L'Horta. 

Un caso parecido se da en Ontinyent. Conseguir mayoría en este partido judicial puede ser decisivo a para los socialistas a la hora de acceder a la presidencia de la Diputación de la Valencia. Por eso, apuesta en esta localidad por Jorge Rodríguez, para encabezar la lista municipal electoral. El expresidente de la institución provincial está imputado en el 'caso Alquería' y, a pesar de que acordó con Blanquerías hace pocos meses que, mientras no se levante el secreto de sumario de la causa que le afecta -y por la que llegó a ser detenido-, no sería presidente de la Diputación; volverá a ser candidato a la alcaldía arropado por el propio Ximo Puig.

En el municipio de Llíria, Manuel Civera también optará de nuevo a la alcaldía a pesar de haber declarado, recientemente, como investigado por vulnerar el acceso a la información de la portavoz del Partido Popular en esta población, Reme Mazzolari.

En Riba-roja del Túria, el socialista Robert Raga está imputado por prevaricación y fraude en el conocido como 'Caso Comparsa', debido a un presunto amaño en la adjudicación del contrato de Asesoría Jurídica municipal; tras una denuncia presentada por el grupo municipal de Podemos de este municipio. 

Y, por último, está el caso del actual alcalde de La Font de la Figuera, Vicent Muñoz, de Compromís, que compareció el 12 de diciembre del pasado año ante el juzgado de instrucción nº3 de Xàtiva a raíz de una querella presentada por la portavoz del PP, Mª José Penadés, que fue admitida a trámite. Contra el munícipe de Compromís se han abierto diligencias previas por un supuesto delito de prevaricación administrativa en el contrato de una periodista.

Lo curioso de todas estas situaciones es que tanto Compromís como el PSPV tienen códigos éticos internos para garantizar un ejercicio transparente del poder público y se han comprometido varias veces y de forma tajante a no llevar imputados en sus listas. Los socialistas aseguran que están vetados aquellos candidatos señalados por un juez por haberse enriquecido "personalmente" en el ejercicio del cargo, pero son flexibles si la imputación es por otra cosa. La misma tónica que sus socios de gobierno (Compromís) en la mayoría de las instituciones públicas valencianas. En la pasada legislatura las dos formaciones hicieroncausus belli de la presencia de investigados en las candidaturas.